“Un derecho en riesgo: Estudio advierte sobre privatización del programa de alimentación escolar de JUNAEB”
La posible “descontinuación” del programa de alimentación escolar de la JUNAEB ha encendido las alarmas en la comunidad educativa chilena. Eliminar o debilitar este beneficio significaría un duro golpe a la equidad y la permanencia de miles de estudiantes en el sistema escolar.
Ante esta amenaza, el Gremio Docente ha decidido alzar la voz valorando públicamente un reciente estudio titulado “Privatización de la educación en Chile: El Caso del Programa de Alimentación Escolar”. Dicha investigación fue elaborada por el Foro por el Derecho a la Educación Pública, en conjunto con diversas organizaciones sociales y educativas del país.
El análisis pone en el centro del debate el programa de alimentación como un auténtico derecho social y un servicio público esencial. Advierte, además, sobre los peligros de trasladar su gestión a privados, lo que podría fragmentar la atención y reducir su calidad.
Uno de los méritos del estudio es que releva el trabajo articulado entre organizaciones territoriales, agrupaciones de apoderados, colectivos educativos y el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile. Esta coordinación ha sido clave para mantener el carácter universal y solidario del beneficio.
En un hecho simbólico, los investigadores Dantón Vera —actual funcionario de JUNAEB y dirigente de FENAEDUP— y Ricardo Gavilanes entregaron ejemplares del estudio a tres importantes figuras del magisterio nacional. Se trata de Patricia Muñoz, Vicepresidenta del Colegio de Profesores; Ligia Gallegos, Directora; y Guido Reyes, Segundo Vicepresidente.
La recepción de este material por parte de los dirigentes gremiales refuerza el compromiso del profesorado con la defensa de las políticas de bienestar estudiantil. Desde el gremio se insiste en que ninguna reforma puede estar por encima del interés superior de los niños, niñas y jóvenes.
Para las organizaciones sociales, el estudio no solo describe riesgos, sino que propone pistas para fortalecer el programa desde lo público. La articulación entre el Estado, las escuelas y las comunidades se perfila como la única vía para garantizar una alimentación digna y gratuita.
En conclusión, mientras no se descarte oficialmente la opción de descontinuar o privatizar el programa, el Gremio Docente y las organizaciones firmantes seguirán movilizando conciencias. La alimentación escolar no es un gasto, sino una inversión en justicia, aprendizaje y futuro para Chile.
